Neuquén y Río Negro intimaron a la Nación por las concesiones hidroeléctricas

Neuquén y Río Negro intimaron a la Nación por las concesiones hidroeléctricas

Los gobiernos de Neuquén y Río Negro intimaron al Gobierno nacional en defensa de los recursos naturales de ambas provincias patagónicas por el vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.

El mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck, envió una carta documento dirigida al ministro del Interior, Guillermo Francos, basada en los artículos 1, 5, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

Así como también en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de su provincia, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio y remarcando la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos.

Mientras que su par neuquino, Rolando Figueroa, replicó la acción, pero contra el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que, ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia “se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia”.

Los gobernadores de Río Negro y Neuquén.

En la misiva, Figueroa hace referencia a los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Limay y Neuquén y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron reciente prorrogados.

El foco de las intimaciones recae, precisamente, en el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.

Los Gobiernos de Río Negro y de Neuquén exigen al Ejecutivo que se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias.

Las notificaciones advierten que cualquier acción unilateral por parte de la Casa Rosada será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia. Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales.

Tanto Weretilneck como Figueroa aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con el Gobierno que “respete los principios constitucionales y las competencias provinciales”, en aras de encontrar “soluciones que beneficien a ambas partes y promuevan un uso responsable de los recursos naturales en la región”.