El conflicto entre el Gobierno nacional y las provinciales dejó un nuevo capítulo la semana pasada. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazó al Poder Ejecutivo con cortar el suministro de petróleo por el retaceo en la coparticipación federal y desató una serie de fuertes declaraciones cruzadas con el presidente Javier Milei.
Ayer, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dio la versión de la Casa Rosada con respecto a los 13.500 millones que no fueron girados a Chubut. El titular de la cartera aseguró que la provincia no completó el trámite para emitir un nuevo bono y repagar su deuda.
Ante la exposición de Francos, que realizó en su cuenta de X, desde Chubut sostuvieron que la provincia patagónica realizó la solicitud, pero que nunca recibió respuesta de Balcarce 50. Además, agregaron que motorizaron un nuevo pedido para emitir una nueva deuda con garantía de regalías y abonar con ese dinero la deuda vigente con Nación.
Sin embargo, también habría sido ignorado por la administración central. En este contexto, las dudas emergieron durante el fin de semana con las consecuencias que podría tener una decisión como la de Torres en el mercado de hidrocarburos y financiero.
En diálogo con CATER, el consultor y titular de Paspartú, Juan José Carbajales, hizo hincapié en las limitaciones que tendría una acción como la que pretendería poner el práctica Torres. “El decreto-ley 17.319/67 le reconoce a las empresas productoras (concesionarias) el derecho a comercializar los hidrocarburos que extraen de sus yacimientos”.
“El criterio es la explotación racional y la venta a valores de mercado. De ahí se deriva el ‘precio realmente obtenido’ del que se deduce el 12% de regalías. Si no exportan ni venden a refinadoras, la provincia no cobra“, explicó Carbajales.
En esa línea, continuó: “No hay otro lugar dónde venderlo. Las facilidades de exportación no alcanzan y las refinerías están en PBA (salvo dos chicas en Plaza Huincul y Luján de Cuyo)”.
Para el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación, “el punto es que es muy difícil de concretar, amén de antieconómico para la propia provincia”, pero, de efectivizarse, “el resultado podría ser una complicación para las refinerías que blendean el crudo de Vaca Muerta con el escalante del GSJ”.
Por otro lado, Carbajales resaltó que en el mercado del gas la situación sería todavía más compleja “puesto que hay contratos firmados del Plan GasAr hasta diciembre de 2028 entre las empresas (YPF/PAE/CGC), las distribuidoras y CAMMESA, con fuertes penalidades”.
