Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF buscan volver a meter a la petrolera en el litigio multimillonario, al considerar que la decisión de la jueza Loretta Preska de apartarla de la causa fue “incorrecta”.
La justicia de Estados Unidos, que en primera instancia estableció que el Estado argentino deberá pagar una sentencia de US$ 16.000 millones, había desligado de responsabilidad a YPF.
Pero ahora los demandantes, encabezados por el bufete de abogados Burford, buscan involucrar nuevamente a la compañía y quedarse con el 51% de la masa accionaria.
En la presentación, los demandantes aseguran que la “negligencia intencional del gobierno argentino se encuentra reflejada en el discurso de Axel Kicillof, cuando el 17 de Abril de 2012 dijo que “son unos estúpidos aquellos que piensan que el estado debe lanzar una OPA para adquirir todas las acciones de YPF como dice su Estatuto. Eso es una trampa de osos”.
Indicaron que “aunque Argentina e YPF de alguna manera podrían evitar cumplir con sus obligaciones contractuales, aun estaban obligadas a cumplir con las promesas realizadas en su Oferta Pública inicial en Wall Street, totalmente regulada por el ente regulador de mercados de los EE.UU. (SEC)”.
“No solo YPF incumplió con sus promesas a los inversores que la obligaban a forzar a su nuevo propietario mayoritario a lanzar una OPA, sino que también violó su propio Estatuto al llevar a cabo acciones que estaba prohibidas por ese mismo Estatuto”, sostuvieron.
En este marco preocupante para el país, entran en juego también las reservas de oro que el ministro de Economía Luis Caputo envió al exterior para obtener retornos. A esto se le suma el anuncio del equipo económico de que los fondos asignados al pago de los rendimientos de los bonos ya están “separados” y fueron enviados a Nueva York. Si bien no es tan fácil que el embargo se produzca sobre esos activos, especialistas coinciden en que se envió “a la boca del lobo” al oro.