El abogado constitucionalista Manuel García Mansilla es uno los candidatos que propuso el presidente Javier Milei -el otro es el polémico juez federal Ariel Lijo- para reemplazar, en diciembre y cuando se jubile, a Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una figura fuertemente ligada al sector energético.
García Mansilla es actual decano de la Universidad Austral. De hecho, el actual vicepresidente del Tribunal Supremo, Carlos Rosenkrantz fue uno de los que lo avaluó durante la defensa de su tesis de doctorado. Una de sus especialidades está vinculada al derecho Constitucional, oil & gas y derecho empresario.
Desde el 2014, es el director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph) y fue quien defendió férreamente al sector durante una de las audiencias públicas celebradas en 2016 durante el período de gobernanza del expresidente Mauricio Macri.
Tras la postulación, García Mansilla le agradeció a Milei y escribió: “En caso de ser debidamente nombrado, asumiré el compromiso de desempeñar mis obligaciones como juez, de forma recta e imparcial, sin distinción de persona alguna, respetando siempre la Constitución Nacional”.
Su estrecho vínculo se da en medio de un intento de recortes de subsidios por parte de la secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, con la supervisión del ministro de Economía, Luis Caputo, que, según pudo saber CATER, fue quien frenó la aplicación desde este mes de la Canasta Básica Energética.
Durante la experiencia de Macri en el poder y los fuertes recortes de subsidios que ejecutó Juan José Aranguren, el máximo tribunal intervino y frenó el “tarifazo” con un fallo histórico. Un mes antes, García Mansilla defendió al sector en audiencia pública.
A continuación, algunos fragmento de la exposición de García Mansilla:
- “El sector de exploración y producción gasífero necesita que se cumpla lo que establece la ley 24.076, que prevé en su artículo segundo el objetivo de promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo”.
- “¿Qué significa esto? Significa que los precios de gas sean libremente determinados por la oferta y la demanda. Eso es fundamental que se permita, tal cual lo establece la ley, celebrar contratos de compra-venta de gas natural entre compradores y oferentes”.
- “Significa que es fundamental dar señales para garantizar la seguridad del suministro a largo plazo, ya que de esta forma se incentivarán las inversiones necesarias que son también de largo plazo. Significa que es necesario eliminar todas las regulaciones distorsivas como los redireccionamientos, que lo único que hacen es alentar inversiones”.
- “Significa que se debe mejorar en eficiencia, productividad y costos para alcanzar los niveles internacionales de nuestra actividad. Y finalmente, significa que es necesario elaborar un acuerdo para el sector en conjunto con el gobierno federal, los gobiernos provinciales, sindicatos y operadores que permita asegurar la producción y el suministro de gas natural a largo plazo en nuestro país”.
