Tras largas horas de incertidumbre y con el calendario legislativo apretando al oficialismo, el Gobierno aceptó modificaciones en el megaproyecto conocido como ley ómnibus (Ley Bases) e incluyó la quita de YPF del listado de empresas públicas declaradas sujetas a privatización.
La negociación se dio en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que estuvo acompañado por el asesor, y hombre de mayor confianza para el presidente Javier Milei después de su hermana Karina, Santiago Caputo, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Juntos recibieron a una comitiva de legisladores opositores, entre los que se destacaron Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País) y Rodrigo de Loredo (Unión Cívica Radical).
La lista de cambios a repasar entre los representantes oficialistas y los opositores no solo incluyó la exclusión de la petrolera de participación estatal, sino también, entre otras cosas, la reducción a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales en los que están incluidos los biocombustibles.
En este contexto, la recalibración del calendario llevará al oficialismo a que, en el escenario soñado, el debate en el recinto de la Cámara baja sea el próximo jueves, luego del paro con movilización que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles.
Modificaciones en la Ley de Hidrocarburos
A su vez, la iniciativa también tendrá cambios en la Ley de Hidrocarburos. Los gobernadores nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se reunieron para alinear posiciones frente a los cambios que propone la Ley Bases en el sector.
La convocatoria fue motorizada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que la semana pasada juntó al bloque patagónico en Villa La Angostura con el mismo propósito.
Figueroa encabeza, desde finales de diciembre, un intenso reclamo por algunos de los artículos que modifican la Ley de Hidrocarburos. El que más hace ruido -y los unifica- es el que ubica al Poder Ejecutivo como la autoridad de aplicación de la legislación hidrocarburífera.
Horas después de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, le entregara al presidente de la Cámara baja el proyecto de más de 600 artículos en su despacho, y tras analizar en detalle el capítulo energético, Figueroa mantuvo una conversación con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
Como publicó CATER, en esa charla el neuquino le reclamó por ese artículo, que es 98 de la Ley 17.319, porque pasaba por alto la Ley Corta y, de avanzar, sería inconstitucional. Al respecto, Rodríguez Chirillo argumentó que se trató de un error y que sería enmendado a la brevedad.
La Ley Corta indica que los “yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”.
Tras el encuentro que se realizó en el CFI, emitieron un comunicado conjunto, en el que no solo reclaman por la aplicación, sino también por el artículo 32 -que el Ejecutivo propone eliminar- vinculado a la obligación que mantienen las empresas adjudicatarias para presentar el plan de inversiones sobre las áreas a explotar.