A pesar de la decisión oficial de cortar de cuajo con cualquier obra pública que no haya sido licitada hasta el momento, la presión de la industria energética puede hacer reactivar la segunda etapa del Gasoducto Norte, conocida como reversión, fundamental para la provisión de gas a siete provincias del NOA.
Con la asunción de las nuevas autoridades de ENARSA, se procedió a la apertura de sobres del renglón 2 que arrojó una oferta superadora de parte de Techint-Sacde de 57.055 millones de pesos contra los 72.100 millones que ofertó BTU.
Esta misma empresa, que estuvo a cargo de la construcción de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, también había presentado la mejor oferta para la licitación del renglón 1, que incluye la reversión de plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, más una ampliación de 62 kilómetros en la traza y la construcción de los últimos 22 kilómetros del tramo Tío Pujio-La Carlota.
De todas formas, esa oferta, si bien fue la más accesible, fue rechazada por ENARSA ya que superaba el límite establecido en 80 mil millones de pesos. Se espera para saber qué hará la empresa del gobierno con esa licitación.
Para la oferta por el tercer renglón, bastante similar a la segunda, puede terminar en manos de Techint, que siguiendo la lógica debería presentar el precio más bajo para la construcción de 50 kilómetros de nuevos caños.
La importancia de la obra
De concretarse este proyecto, que prevé modificar el rumbo del gas que envía Bolivia para enviarlo desde Vaca Muerta a las provincias del Norte, se lograría conectar a hogares y sectores productivos con el gas argentino.
No obstante, es primordial que el gobierno intervenga con una inversión de 100 millones de dólares para completar el total de 710 millones de dólares que costaría la obra. De ese total, U$S 540 ya fueron aportados por Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) y otros 70 millones por CAMMESA, la empresa del Estado que administra la energía eléctrica.
La alternativa a la reversión podría ser una demanda de gasto en dólares para el Estado que podría ascender a U$S 2.000 millones para la importación de gas.
